Quieren destruir Dosuba, la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires

Colegas, divulguen ampliamente esta información y concurran a las Asambleas que están siendo convocadas.
La AGD pone a disposición de todos la documentación y llama a movilizarse activamente por la recuperación y defensa de DOSUBA.
Estamos impulsando la presentación de Proyectos de Resolución en todos los Consejos Directivos.
Debemos impedir cualquier modificación en Dosuba sin el conocimiento, participación y decisión de sus afiliados. Que todos los cambios imprescindibles para recuperar plenamente la Obra Social de la Universidad, para los docentes y no docentes, se realice en base a su opinión democrática y mayoritaria.

DOSUBA
Quieren destruirla
Con completo desconocimiento de los docentes y afiliados a DOSUBA, en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se está impulsando una modificación fundamental al estatus legal y jurídico de nuestra Obra Social para adecuarla a la ley 24741 -a pesar de que el texto no obliga a ello-, más conocida como ley Aceñolaza, que fuera sancionada por el menemismo en noviembre de 1996.

Los dos proyectos de estatuto provisorio que están en danza tienen una esencia común: convertir a DOSUBA en una "persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, administrativa y financiera". Ambos proyectos pretenden que nuestra Obra Social deje de formar parte de la estructura administrativa y jurídica de la UBA.

De aprobarse tal modificación, es decir, de convertirse a DOSUBA en un ente autónomo del sistema universitario, y pasar al régimen "desregulado" de Obras Sociales, las consecuencias para la cobertura de los docentes y no docentes serían catastróficas, porque:

Desfinanciamiento y quiebra:
Se libera a la Universidad de tener que asistir financieramente a nuestra Obra Social, y la arroja a un mercado monopolizado por unos pocos pulpos (laboratorios, grupos que controlan el aparato médico, etc.) que fijan los precios. La Obra Social pasaría a depender del contralor de la Superintendencia de Obras Sociales y del Ministerio de Salud, que promueven la liquidación de todo vestigio de responsabilidad del empleador en la cobertura de la salud y del sistema solidario, para impulsar la completa privatización del sistema. Su resultado está a la vista en la quiebra de todo el sistema.

Implica un brutal aumento del aporte de docentes y no docentes:
Desde los dos proyectos que impulsan gran parte de quienes aún controlan el "aparato" universitario (y que cuentan con el respaldo de la dirección de Apuba y del quiosco rectoral de Ricci-Aduba-) se prevé que los afiliados titulares y su grupo familiar que pertenezcan a otra obra social unifiquen su aporte en la "nueva" Dosuba.

Pero no sólo esto. Oficiosamente quienes impulsan la "reforma" revelan su plan de aumentar el piso de la contribución del trabajador (y ello sólo para sostener la Prestación Mínima Obligatoria, PMO) a un mínimo de entre 30 y 35 pesos, el doble que el actual. En efecto, el artículo 8 de la ley a la cual quiere adaptarse Dosuba, fija como aporte de los empleados el 3% de su sueldo, pero calculado sobre la base de jornada laboral completa, mientras que mantiene el aporte del empleador en el 6% sobre el salario efectivamente devengado.

Menor cobertura gratuita, mayores coseguros y aranceles, mayores precios en medicamentos:
La pérdida de cobertura, el cobro creciente de coseguros y aranceles por cada atención o práctica que se viene ampliando, se haría definitiva y generalizada, quedando al arbitrio de los "nuevos dueños". Además, al someterse a la ley menemista, sólo se garantiza el PMO (Prestación Médica Obligatoria). Decretos sucesivos de los últimos gobiernos y de Duhalde han facultado al Ministerio de Salud a reducir sucesivamente la cobertura del PMO en prestaciones y medicamentos Entre las últimas joyitas, se redujo el máximo de descuento en medicamentos del 50 al 40% y se quitó la obligatoriedad que los discapacitados tenían garantizado por ley.

Esto es sólo parte de las consecuencias del proyecto privatizador.

Por otro lado, y dado que se quiere transformar a Dosuba definitivamente en un negocio, se encuentra en disputa quien se quedará con su control y el reparto de su conducción, con propuestas de conformación de su conducción y del proceso de transición totalmente a espaldas de los afiliados.

No es casual que tanto el shuberoffismo como sus principales "oponentes" coincidan hoy en que la UBA se desprenda de nuestra Obra Social. Se desembarazan así de la responsabilidad que les corresponde de asistir con partidas presupuestarias a la atención de la salud de los trabajadores para paliar la difícil situación que atraviesa DOSUBA, y no serán quienes paguen el "costo político" de votar el aumento de la cuota mínima de los afiliados. Además ¿Cuál es el balance y la situación financiera de Dosuba? ¿Que indagatoria y publicidad se ha realizado sobre ella?

Tampoco es casual que Daniel Ricci intervenga en estas negociaciones para liquidar nuestra Obra Social. Así como operó durante todos estos años como un aparato más del shuberoffismo, con sus oficinas en el rectorado, para trabajar en contra de los intereses de los trabajadores docentes colaborando en las sucesivas políticas de ajuste en la UBA, del mismo modo, hoy, asumiendo una representación que no tiene, con el desconocimiento absoluto de todos los docentes de la universidad, participa activamente en el desguace de DOSUBA en vistas de un futuro nuevo negocio del que no quiere quedar al margen.

AGD-UBA sostiene que DOSUBA debe continuar como obra social con el mismo estatuto jurídico que el actual, es decir, debe depender de la Universidad de Buenos Aires. Debe tener un nuevo estatuto en el que se garantice tanto el financiamiento de DOSUBA por parte del Estado y del empleador como la dirección y el control de los afiliados de su Obra Social. Para ello, la Obra Social debe contar como organismo máximo con la Asamblea de afiliados y con un directorio resolutivo.

La Obra Social es parte de nuestro salario. Nuestra atención de la salud debe ser totalmente gratuita y a cargo del empleador y del Estado. Por eso es que no proponemos transformar a DOSUBA en una obra social de los trabajadores universitarios. La ley Aceñolaza libera a las universidades de tener que asistir financieramente a las obras sociales universitarias y las arroja a un mercado monopolizado por unos pocos pulpos internacionales (laboratorios, red de prestadoras privadas, etc.) que fijan los precios. No es este el destino que queremos para DOSUBA. La Obra Social pertenece a sus afiliados, a quienes el Consejo Superior de la UBA no sólo no ha consultado sino que ni siquiera los ha informado sobre estos proyectos.

Queremos además que se transparente la gestión de la Obra Social. En nuestro proyecto, quienes integren el directorio no cobrarán ningún salario extra por encima del que cobran como trabajadores universitarios; y contempla mecanismos de control para evitar y combatir las prácticas corruptas de los "retornos" que transforman a las obras sociales en cajas de recaudación del grupo enquistado en su dirección.

Para impedir que se consume el desguace de DOSUBA y que sea transformada en una entidad de derecho privado, la AGD-UBA convoca a asambleas por unidad académica durante la primeras semanas de junio y a una asamblea general en los próximos días. Asimismo reclama tener participación en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior donde se está discutiendo este tema para hacer oír la voz de los docentes a los que la Universidad de Buenos Aires no ha consultado.

La Asociación Gremial de la UBA plantea:

INMEDIATA PUBLICACION Y DIFUSION DE LA MEMORIA Y BALANCE DE DOSUBA.

RECHAZO A TODO PROYECTO QUE IMPLIQUE EL NO FINANCIAMIENTO ESTATAL Y DE LA UNIVERSIDAD.

DEFENSA IRRESTRICTA DE UNA OBRA SOCIAL DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD Y FINANCIADA POR EL EMPLEADOR Y EL ESTADO.

NINGUNA MODIFICACION DEL ESTATUTO SIN LA PARTICIPACION DE LOS AFILIADOS.

POR UNA DOSUBA CONDUCIDA Y DIRIGIDA POR VOTO DIRECTO.

POR UNA ATENCIÓN DE LA SALUD GRATUITA EN TODOS SUS NIVELES.