IMPIDAMOS QUE SOCIALES CONTINUE CON LA SOGA AL CUELLO

¿En dónde estamos?
Al inicio del cuatrimestre advertíamos que la situación de la Facultad era de colapso. En un documento conjunto con el Nuevo Centro de Estudiantes y la actual Gestión señalábamos que Sociales entraba en emergencia presupuestaria y edilicia. Casi dos meses después, ¿en dónde estamos?
Se comenzó con cursos superpoblados que, en muchos casos, llegaban a 150 estudiantes. Luego, en las carreras, se realizaron algunos desdoblamientos de comisiones en algunos de los casos en que la cursada era sencillamente imposible y en la medida en que hubiera aulas disponibles para tal fin. Con este criterio, las Carreras elevaron no las designaciones necesarias sino las que consideraron mínimas para evitar la inviabilidad del cuatrimestre.
En realidad, la deserción (¿natural?) y la "buena voluntad" de estudiantes y docentes - aun a costa del deterioro concreto de las condiciones pedagógicas y laborales- permitieron -y permiten- que las clases se desarrollen formalmente pero en el marco de una absoluta anormalidad.
En la Sede de Marcelo T., la falta de aulas se cubrió recurriendo a espacios prestados en los edificios cercanos: un aula del Colegio Carlos Pellegrini, tres de Salud Pública, tres de la Facultad de Medicina, tres del CBC (Sede Uriburu) y dos de Ciencias Económicas. En la Sede de Parque Centenario, sin edificios disponibles en los alrededores, se apeló al recurso de la rotación: muchas comisiones cambian de aula para no estar condenadas durante todo el cuatrimestre a permanecer en un lugar que resulta inadecuado por sus dimensiones. En ambas sedes, el amontonamiento sigue su curso.
Ahora bien, los esfuerzos de la nueva Gestión y de las Juntas de Carrera por dar respuestas inmediatas a la emergencia en Sociales apenas han alcanzado para atenuar los efectos de un colapso que no sólo se instaló desde el inicio del cuatrimestre sino que además se profundizará en lo que resta del cuatrimestre y del año académico.
Es decir, en estas condiciones, Sociales no puede funcionar.

Los datos del colapso
El recorte en el presupuesto 2002 de Sociales votado por el Consejo Superior -antes de su asunción, pero con el consenso del nuevo Rector, Jaim Etcheverri- es de 720.000 pesos (en relación con el presupuesto ejecutado el año pasado).
En concreto, el presupuesto asignado para Sociales para este año suma 9.266.000 pesos, de los cuales 9.263.000 pesos corresponden al pago de salarios, cifra que representa el 99 por ciento del presupuesto total. Los números nos eximen de cualquier comentario adicional.
Ahora bien, tal presupuesto -incluso sin el recorte- lleva a Sociales al default o a un estado de colapso permanente, porque está lejos de corresponderse con las más elementales necesidades de funcionamiento de la Facultad.
Según un informe producido por la Secretaría Académica de la Facultad, si se aplicara la Resolución 1426/97 -que consagrara una histórica conquista de los docentes y que establece las condiciones mínimas para evitar la degradación pedagógica y académica- deberían duplicarse las comisiones, las aulas y las designaciones docentes.
Dicha normativa señala el límite a partir del cual una comisión debe desdoblarse y, consecuentemente, crearse una nueva designación: 45 estudiantes para prácticos, 35 para seminarios y 30 para talleres.
De aplicarse esta resolución, Sociales debería incrementar la cantidad de cursos ofrecidos en un 57 por ciento, esto es, 641 cursos más (sobre un total de cursos ofertados para este año de 1443). Y requeriría de por lo menos 160 nuevas aulas para absorber la demanda.
Uno de los efectos de este brutal déficit -en comisiones y aulas- sobre el estudiantado se manifiesta en el deterioro de su rendimiento (sobre la base del promedio general de notas, descendió de 6,9 a 6,1 entre 1996-2001) y, sobre todo, en el empeoramiento de las condiciones de estudio y en la deserción (la cantidad de materias inscriptas por alumno descendió de 3,72 a 2,36, en igual período).
El otro efecto se revela en el deterioro de las condiciones laborales y académicas de los docentes y del trabajo de los no docentes. En la Facultad, existen 654 profesores y 1576 auxiliares docentes, de los cuales sólo el 67 por ciento cobra su salario. Hay 230 cursos que están cubiertos por docentes que trabajan sin renta. El 57 por ciento de los cursos prácticos y/o teórico-prácticos supera el tope establecido por la Resolución 1426/97. Hay 83 equipos de investigación acreditados por UBACyT, formados por 989 investigadores, de los cuales el 37 por ciento carece de nombramiento docente. Y sigue la lista.
Algo más importante: pocos conocen que los criterios de distribución del presupuesto de la UBA entre las Facultades incorporan un plus de ajuste completamente arbitrario y perverso. En efecto: entre las variables "objetivas" de distribución, una de las de mayor peso consiste en el número de profesores regulares y exclusivos con que cuenta cada unidad académica. Criterios existentes previos a la fundación de la Facultad.
Hacia 1982 se realizó una convocatoria general a concursos en la UBA. La Facultad se fundó después. Por lo tanto arrancamos desde el vamos con un número exiguo de regulares y exclusivas. La propia estrechez presupuestaria versus el aumento de la matricula hace el resto, provocando un mecanismo automático que lleva a la inanición y a dificultar e impedir la convocatoria a concursos con dedicaciones que permitan un funcionamiento académica y laboralmente serios.
Por ello se plantean dicotomías tales como que existen Facultades en la UBA con el doble del presupuesto de Sociales y con la mitad de sus alumnos. O Facultades donde el número de ad honorem prácticamente inexiste y la casi totalidad de su planta se concentra en exclusivas y semis. Ciertamente no se trata de redistribuir presupuestos exiguos para todas las Facultades. Como decimos abajo, las fuentes son otras y existen.

Nuestra propuesta
Frente a este cuadro apenas descripto, la Asociación Gremial Docente entiende que Sociales no sólo debe impugnar el recorte impuesto por el aparato shuberoffista y Etcheverry. Sociales debe preparar y organizar la lucha para reclamar lo que necesita para poder funcionar como una institución de enseñanza superior, de investigación y extensión, en condiciones laborales dignas para los docentes y académicas para el conjunto de la comunidad de la Facultad.
Toda otra política corre el riesgo de naturalizar esta situación de asfixia. De asumir como estado natural que un docente pueda esperar por meses su designación, que el ad honorem frente a curso no cobre su salario, que las comisiones rebasen en diez, quince o treinta estudiantes, que la promesa del edificio único se postergue en el tiempo. Toda otra política corre el riesgo de racionalizar el ajuste. De asumir la administración de recursos escasos. De transformar el problema del presupuesto en un problema de redistribución... del ajuste.
Por tal motivo respaldamos las gestiones del Decano ante el Consejo Superior de la UBA en el sentido de reclamar como condición sine qua non la inmediata aprobación de las designaciones elevadas oportunamente por las carreras, el rechazo del recorte presupuestario para el año en curso, la inmediata aprobación de una partida adicional al presupuesto 2002 de 2.260.000 de pesos y la urgente concreción del proyecto de un edificio único acorde con las necesidades de la Facultad.
Es obvio que la satisfacción de estos reclamos perentorios sólo nos permitirá paliar la emergencia presupuestaria y edilicia. Por dos motivos centrales.
En primer lugar, porque "regularizar" la situación de designaciones docentes -profesores y auxiliares- supone un incremento que supera los 2.258.219 pesos. De acuerdo con el documento citado, si se suman las designaciones simples que les corresponden a los docentes ad honorem frente a curso, las semiexclusivas que les corresponden a los auxiliares y profesores que desarrollan actividades de investigación y extensión, y si en todos los casos se considera la antigüedad, el salario familiar, etc., la cifra final llevaría a un incremento que debería situarse entre los 6.595.021 y los 10.931.822 pesos.
En segundo lugar, el reclamo de Sociales no incluye los gastos por servicios (luz, teléfono), por insumos, por mantenimiento de ambas sedes, etc.
A partir de estas consideraciones, la AGD-SOCIALES plantea que es necesario impulsar la movilización de todos los estudiantes, docentes y no docentes para la efectiva e inmediata obtención de: 1) Aprobación de todas las designaciones presentadas al Rectorado, con retroactividad al inicio del cuatrimestre; 2) Incremento del presupuesto 2002 de 2.260.000 pesos; 3) Partida de emergencia para las becas estudiantiles; 4) Edificio único para Sociales ya.
Estas demandas son perfectamente alcanzables. Se trata de doblegar la decisión política de ahogar a Sociales y a su posicionamiento en defensa de la educación pública. Los fondos pueden provenir del paquidérmico presupuesto del Rectorado, de los 83 millones que dispone de ingresos extrapresupuestarios, de los 16 millones reservados para "emergencia".

En 1997, la lucha de estudiantes, docentes y no docentes conquistó el edificio de Ramos Mejía y definió las condiciones elementales tanto académicas como laborales (Res. 1426/97).
Hoy se impone la movilización del conjunto de la comunidad de Sociales.

Proponemos:
1) Que todos los ámbitos (Juntas de Carrera, Instituto de investigación, cátedras) se pronuncien en apoyo a estos reclamos elementales.
2) Que, en el caso de no darse satisfacción inmediata a estos reclamos, se convoque de manera urgente a una asamblea interclaustro para definir el plan de acción hasta la obtención de los reclamos planteados.