El gobierno respondió con una feroz represión, con más de 30 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos en todo el país. Intentó así sofocar el estallido, pero no logró más que multiplicar el odio y la lucha.
Al mismo tiempo, la disputa entre los grandes grupos capitalistas, externos e internos, se volvió feroz, incrementando aún más su ingerencia en las decisiones de gobierno y en la colonización del país. El acuerdo entre todos ellos era y es descargar la crisis sobre el pueblo, pero el saqueo ha sido tal que impulsa una confrontación entre monopolios por los beneficios y las perdidas de la crisis, que en el marco de las políticas vigentes redundará en mayor desempleo y menor gasto social.
La lucha popular echó por tierra, en un principio, los planes de recambio institucional que se preparaban como válvulas de escape y reacomodamientos de las fuerzas de poder y que se intentan imponer ahora con un alto costo político, al dejar completamente desnuda la ilegitimidad de la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea, elegida con menos del 50% de los votos en las últimas elecciones, que pretendió representar al pueblo desconociendo sus reclamos, elige un gobierno -el de Duhalde- para seguir concentrando las riquezas en los grandes grupos económicos que detentan el poder.
Esta nueva traición a la voluntad popular (y van...) muestra con claridad que la lucha por los derechos democráticos por la cual habíamos luchado desde hace más de 20 años, poco tiene que ver con la banda de delincuentes que gobernó y gobierna nuestro país. Esta claridad que hoy se expresa en el grito "que se vayan todos" y en la masiva exigencia de remoción de la Corte Suprema "de Injusticia" , defensora incondicional de las clases dominantes, evidencia un profundo grado de ruptura con el sistema de dominación. Grandes sectores de la población pasaron rápidamente al ejercicio directo de la política.
El "nuevo gobierno" fue recibido con nuevos cacerolazos y movilizaciones, en un principio menores en comparación con los anteriores, por la confusión a la que contribuyeron distintos sectores políticos y en la que jugó un importante papel el absoluto silencio de los medios de comunicación.
Este "gobierno de salvación nacional" (¡!!???) nacido del acuerdo entre el PJ, la UCR, el FREPASO y el Cavallismo, refleja fielmente la voluntad de sus patrones de cerrar filas para sofocar el cuestionamiento y lograr la "paz social". Es un rejunte de los mismos que fueron repudiados (no se molestaron siquiera en renovar las figuritas) y por eso, más allá de los maquillajes con que hoy los presentan los medios masivos de comunicación, con el Grupo Clarín a la cabeza, no están dispuestos a tomar las medidas que reclamamos y que permitirían resolver la crisis a nuestro favor, no desconocen la deuda externa ilegitima y usuraria, no estatizan la banca y los fondos de las AFJP, ni el comercio exterior.
La ley de emergencia económica y la devaluación impulsada por el gobierno y sancionada por el Congreso insiste en una concentración de poder que es rechazada masivamente por la población. Este es un intento de responder a la crisis capitalista a través de expropiar nuestro salario, los depósitos y las riquezas e intereses de los argentinos y continuar desarrollando un ajuste ilimitado. El corazón del plan económico del gobierno de Duhalde es la estatización y licuación de la deuda de las empresas quebradas fraudulentamente, premia a los que ya fugaron nuestro dinero, subsidia a los bancos por la pesificación de las deudas, etc., a costa de nuestro salario, los ahorros, la salud y la educación.
Al mismo tiempo se intenta engañar y desmovilizar al pueblo. Ya lo dijo el Ministro de Economía, Remes Lenicov :"todo es muy difícil con la amenaza de los cacerolazos". Pero estos no se van a silenciar. A partir del proceso abierto el 19 y 20 de diciembre, nosotros, el pueblo, que maduramos a grandes pasos en pocos días, comenzamos a buscar formas de organizar nuestro protagonismo y el ejercicio directo de la democracia mediante todo tipo de Asambleas Populares, multisectoriales, cabildos abiertos etc., en las cuales discutimos,
hacemos escuchar nuestra voz y buscamos instancias de poder que nos permitan imponer una salida a nuestro favor a esta inédita crisis.
En el ámbito educativo la situación no es mejor a partir de las declaraciones públicas de funcionarios claves del nuevo gobierno: tanto Remes Lenicov como Matzkin se pronunciaron a favor del arancelamiento universitario y aseguraron que el recorte del presupuesto 2002 debe proseguir y con ello la sustracción del 13% de nuestro salario, el no pago del incentivo docente, etc. Todo para garantizar el conocido "déficit cero".
Pero la situación se agrava si nos orientamos por lo realizado en la Provincia de Buenos Aires por la nueva Ministra de Educación, quien impulsó y aplicó la Ley Federal de Educación, ley votada por las mismas fuerzas políticas que ayer y hoy rigen los destinos de nuestro país. Dicha Ley fue y es parte del proyecto de "los que mandan" que es, ni más ni menos que un plan sistemático de destrucción de la escuela pública.
Los docentes universitarios convocados por la AGD estuvimos desde el inicio de la movilización. La asamblea del 18 de diciembre (la más numerosa de los últimos meses) ya había decidido reforzar el plan de lucha frente a las demoras del gobierno en enviar los fondos para pagar los salarios, el recorte y la subejecución del presupuesto universitario y en unidad con los distintos sectores que se preparaban para la protesta del día 20. La respuesta de un grupo importante de compañeros nos permitió participar activamente en la lucha que empujó a renunciar a De La Rua, a diferencia de otras direcciones gremiales que mantuvieron la "tregua" (cuando no la abierta complacencia) cuando el pueblo se había levantado y trataron de neutralizarlo llevándolo a los locales sindicales o dejando solos a aquellos que prefirieron sumarse a la lucha. A pesar de las tradicionales "vacaciones" y de cierta sensación de que no íbamos a poder seguir activos durante la época de receso, nos mantuvimos en estado de alerta y movilización. La reunión convocada para el lunes 7 de enero contó con la participación de muchos compañeros y allí resolvimos la redacción de esta declaración y las medidas a seguir:

1. Ampliar y consolidar la organización gremial, de cara a las grandes luchas con las cuales tendremos que seguir enfrentando el ajuste.

2. Unirnos con los estudiantes, la nueva dirección de la FUBA y los no-docentes en acciones comunes.

3. Impulsar y participar desde cada facultad en todas las formas de reuniones (asambleas populares, multisectoriales, cabildos abiertos, asambleas de trabajadores, etc.) para construir instancias de poder popular que permitan resolver el conjunto de los problemas sociales y económicos a favor del pueblo.

- No al pago de la deuda externa ilegitima y fraudulenta.
- Reestatización de las AFJP.
- Renacionalización de los bancos y empresas estratégicas.
- Condonación de la deuda usuraria a los chacareros pequeños y precio sostén en origen.
- Fuera el régimen hambreador; no al gobierno de salvación nacional, que es sólo un recambio en las propias filas de los ajustadores.
- Libertad y desprocesamiento para todos los luchadores populares.
- Ningún despido ni suspensión.
- Derogación del decreto de bancarización forzosa y de congelación de los depósitos
- Fuera la Corte Suprema. Juicio y castigo a todos los responsables del hambre, la entrega y la represión.
- No al arancelamiento. Gratuidad de los cursos de grado y posgrado.
- Indexación del salario según del costo de vida. Media Canasta para el Cargo Testigo.
- Aumento del presupuesto universitario.
- No a la provincializacion, regionalización, o municipalización de la educación.
- Inmediato pago de salarios e incentivos adeudados. Ningún despido: Reincorporación de los colegas de Quilmes. Institucionalización del CBC.