Con la excusa de que "los municipios tienen que tener mayor protagonismo", Ruckauf pretende transferirle a las municipalidades, cuyas cuentas están en rojo, todo el sistema educativo provincial, sus hospitales y el sistema de acción social. Con las intendencias quebradas y en cesación de pagos, el futuro de las escuelas y hospitales será inexorablemente la privatización o el cierre definitivo.
La provincia, en bancarrota, tiene la deuda interna más alta del país -más de 5.000 millones de pesos.
Para Ruckauf, el déficit de la provincia se relaciona con el ausentismo docente y con la falta de control en el sistema de comedores. "La provincia -dijo- tiene en el área educativa un costo fundamental y no siento que los alumnos reciban una educación proporcional al dinero que la provincia invierte" (El Día, 18-9).
Pero el sistema de comedores escolares ya está descentralizado y en manos de los Concejos Escolares de cada municipio, como también el control del ausentismo docente. Ruckauf no dice que mientras la provincia asigna por comedor a cada alumno la suma de 0,60 pesos diarios, para el almuerzo y la merienda, y que el básico de un maestro de grado es de apenas 234 pesos, la deuda privada de los grupos capitalistas Yoma, Gualtieri y Soldati, que él estatizó y que estamos pagando todos los trabajadores, ascendió a 1.100 millones de pesos.
Pero esta descentralización que terminará dejando en manos de las municipalidades todo el sistema educativo, el de salud y el de acción social, no es sólo un manotazo de ahogado, porque se encuadra en la aplicación planificada y sistemática del déficit cero y las políticas que ponen a la educación y a la salud bajo las leyes del mercado.
En diciembre del año pasado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, más conocida como Fiel, a partir del proyecto de reforma de López Murphy y el CEP (Centro de Estudios Públicos) publicó el libro "Una educación para el siglo XXI. Propuesta de reforma", en cuyo capítulo primero figuran las "recomendaciones"
De acuerdo a éstas, la educación a cargo del Estado, será reemplazada por tres circuitos educativos diferenciados: escuelas públicas autónomas, escuelas públicas de administración privada y escuelas privadas. La administración de las transferencias estará a cargo de una institución pública, no estatal, autogestionada.
Existiría un subsidio básico y otro pleno. Las escuelas estarían autorizadas a cobrar aranceles adicionales, determinar regímenes de admisión y retención de alumnos y el régimen laboral docente. Según el subsidio que posean, existen dos calendarios escolares diferenciados, tanto en la cantidad de días hábiles a cubrir por año como en la duración de la jornada laboral, que asciende a 6 horas diarias para las escuelas con subsidio pleno. Pero, como si esto fuera poco, "los edificios serán transferidos gratuitamente por la provincia a la institución autónoma a crearse. El órgano máximo de dirección será la Asamblea de Padres; en caso de que los padres no logren constituirse en Asamblea, el municipio tendrá facultades automáticas para subrogarse estos poderes."
"En cualquier caso, deberá contemplarse la separación de una función de dirección académica, una dirección administrativa y una dirección legal. Las personas que desempeñen estas funciones constituirán el Consejo Directivo que decidirá colectivamente remuneraciones, nombramientos y despidos de personal, cambios en la política de cobro de aranceles, admisión de alumnos, contratos de concesión de la administración o cesión definitiva del colegio a una institución privada."
En la recomendación 16 se dice: "En aquellos sectores económicos en baja capacidad de liderazgo de los padres y de los directores, está previsto la acción supletoria del municipio para decidir sobre la constitución del Consejo Directivo, la concesión de la administración del colegio o directamente la cesión del colegio a una organización privada sin fines de lucro."
Pero semejante destrucción de la educación estatal sólo podrá llevarse adelante avasallando el régimen laboral, es decir derogando el Estatuto. Fiel considera que la legislación actual favorece la desidia y el sobreempleo: "Las autoridades de cada escuela deben tener la capacidad de decidir la dimensión de su plantel profesional, la contratación, la remoción y el nivel remunerativo de casa docente. Para ello, el Estatuto del Docente debería modificarse para permitir que la estabilidad laboral sea eliminada, quedando en poder de los directivos la decisión de contratar, transferir y rescindir los contratos docentes. Debe eliminarse la remuneración por antigüedad y cualquier otro concepto que implique la fijación de valores remunerativos mínimos por cualquier motivo. El nuevo régimen laboral básico debe limitarse a tipificar formas de contratación laboral apropiadas para escuelas de doble turno, de simple turno, para la docencia contratada por hora de cátedra, para tareas compensatorias y para el personal no docente."
Esta situación no es propia ni exclusiva de Buenos Aires. Está en juego la ya golpeada escuela pública y la educación del pueblo argentino.
Mientras la Ctera alardea desde el palco del Frenapo, su burocracia ha dejado pasar la Ley Federal, los anteriores ajustazos y éste. Se impone una nueva dirección, sin compromisos con los partidos patronales responsables de la crisis y el hundimiento del país.
Sostenemos que la educación debe estar dirigida y controlada por los docentes, los estudiantes y los trabajadores para ponerla al servicio de los intereses de la clase obrera. Sólo una Asamblea Constituyente y Soberana, que discuta sobre qué bases políticas, sociales y económicas debe reorganizarse el país, podrá darle una salida a esta crisis.