Hace algunas semanas denunciamos en Prensa Obrera (N° 772) la aprobación de una ley que autorizaba a las asociaciones cooperadoras de la ciudad a desviar los fondos educativos para la compra de alimentos y elementos de primera necesidad; ello en nombre de la "emergencia económica y social". Pero la cosa no termina acá: la "emergencia económica" también es el caballito de batalla preferido por Ibarra a la hora de defender las ganancias de las empresas que suministran desayunos, viandas, refrigerios y almuerzos en las escuelas públicas de la Ciudad. Lo que sigue es la crónica del hambre de los escolares porteños y su contracara, los negociados de las concesionarias y del gobierno de Ibarra.

"El hambre no puede esperar. La panza duele y mucho"
Con esta frase tan sencilla como realista, los chicos de 7º grado cerraban una nota donde denunciaban la situación del comedor escolar del colegio "República Italiana" de La Boca.
Allí explicaban que desde marzo de este año no encontraban en los platos que les sirven en el colegio carne, ni pollo, ni pescado, ni lácteos, ni huevos. Durante el desayuno, les sirven mate cocido o té cortado con leche en polvo. Para el almuerzo se encuentran con guiso de arroz, polenta, fideos o salchichas con puré.
Lo que sucede es que la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares de la Secretaría de Educación de la Ciudad, autorizó a las empresas concesionarias a "realizar modificaciones en los menúes que establece el pliego de licitación vigente, tanto en la secuencia como en la variedad de los alimentos" con el argumento de que "la grave situación económica y financiera (...) se manifiesta en la falta de insumos y desabastecimiento de diferentes productos, muchos de ellos de primera necesidad".
Frente a esta situación desesperante, en muchos colegios se han organizado padres, maestros y alumnos para presentar denuncias ante la Secretaría de Educación (cuya respuesta hasta hoy no existe) y la Defensoría del Pueblo. Este último organismo elaboró un informe basado en un muestreo donde se relevan 26 escuelas: en ningún caso la prestadora cumple con los menúes pactados en el pliego de la licitación y en el 58% de los casos ni siquiera se cumple con el "menú de emergencia". El informe de la Defensoría habla por sí mismo: se denuncia una escuela en la que sólo el 35% de alumnos becados reciben la vianda que les corresponde, con el agravante de que la mayoría de los alumnos que concurren a dicha escuela viven en la Villa 31. En muchos colegios, la comida que los chicos hacen ahí es la única que ingieren en el día. Además, hay denuncias de alimentos en mal estado que debieron ser analizados por Bromatología.
La situación es terminal.

Filmus: vocero de las empresas, hambreador de los estudiantes
Frente al informe de la Defensoría, la Secretaría de Educación enmudeció: la "comunidad educativa" con la que tanto se pavonea Filmus a la hora de obligatorizar la secundaria, no recibió ninguna respuesta oficial. Sin embargo, el progresista Filmus niega que la calidad de las comidas haya disminuido o que se haya alterado el valor nutricional de las mismas y, más aún, se da el lujo de hacer declaraciones a los medios como la que reza en el título de esta nota (La Nación, 2/7).
Los chicos faltan a la escuela durante días e incluso semanas por no encontrarse en condiciones físicas, o se quiebran por padecer osteoporosis (a causa de la descalcificación que implica la falta de lácteos en su dieta). Pero el secretario de Educación afirma que "a la escuela se viene a aprender, no a comer y ése es un debate que hay que dar. No se le puede pedir a la escuela que resuelva el problema alimentario de la población, sino el educactivo, que no es poco. Y aún así estamos asistiendo a muchas personas" (ídem).
Lo que Filmus no resuelve es la contradicción de un gobierno que autoriza desvíos de educación para alimentación y al mismo tiempo permite la modificación de los menúes de los estudiantes en detrimento de la salud de los mismos. Para hacerlo, tendría que empezar por admitir los negociados que él y el resto del gobierno porteño tienen con las concesionadas.

Mafias capitalistas y gobierno burgués
El informe de la Defensoría tiene otros datos interesantes. Así nos enteramos de que la principal concesionaria involucrada en estas denuncias es Emepa S.A. Esta empresa, que hasta hace poco tiempo se dedicaba al reciclaje de vagones de ferrocarriles y dragados de ríos (La Maga, 14/1/98), concentra hoy el abastecimiento alimentario del 22% de las escuelas de la Ciudad, sin contar los hospitales a los que también abastece. Solamente por la prestación a comedores escolares, Emepa tiene contratos por 1.661.961,77 pesos (Observatorio urbano, abril/02).
Su titular, Gabriel Romero, íntimo amigo de los hijos de Alfonsín, consiguió la concesión millonaria de 135 establecimientos en 1998, momento en que De la Rúa era jefe de Gobierno porteño. Pero parece que Romero no se anda con pequeñeces: además de Emepa, es el titular de Hidrovías S.A. y pertenece al grupo Exxel.
El gobierno porteño paga por alumno y por día 2,14 pesos por almuerzo; 0,36 peso por desayuno; 1 peso por refrigerio y 0,55 peso por sandwich; mientras que la Provincia de Buenos Aires paga 0,60 peso por alumno/por almuerzo.
"El alfajor que nos daban - razonan los chicos de La Boca - , en el supermercado cuesta 0,10 peso y el litro de leche 0,85 peso (alcanza para cuatro chicos). Si los concesionarios no compran en el supermercado, lo hacen al por mayor. Entonces, ¿por qué nos bajan la calidad de las comidas; nos sacan los alimentos que necesitamos?".
Estas son las preguntas que se hacen los chicos de 12 años. Frente a semejante planteo sólo cabe decir la verdad: los chicos se están muriendo de hambre porque el gobierno prefiere subvencionar a las empresas capitalistas antes que cuidar su salud.
La ley que establece la emergencia económica, faculta al Poder Ejecutivo de la Ciudad para revisar todos los contratos y modificar las condiciones de los mismos en caso de que "resulte aplicable un ahorro efectivo de recursos para la administración (...) no pudiendo las modificaciones afectar el funcionamiento y la calidad de los servicios esenciales, especialmente los de educación, salud y desarrollo social".
Ahora resulta que la ley de los superpoderes, la que iba a proteger la salud y la educación, es letra muerta a la hora de defender a los chicos; pero es una bandera agitada para permitir la superganancia capitalista.
Frente a esta situación, el Partido Obrero denuncia a Filmus y a Ibarra como responsables directos de la masacre que se está produciendo entre los escolares porteños. Llamamos a padres, docentes y alumnos a organizarse en las escuelas y a luchar contra este gobierno hambreador.
¡Fuera Filmus. Fuera Ibarra. Que se vayan todos!
Por una Asamblea Constituyente con poder que reorganice el país sobre nuevas bases sociales. Basta de subvenciones y negociados capitalistas. Que se terminen las concesiones truchas. Sostenimiento integral del Estado a los comedores, bajo gestion y control de los padres, alumnos y trabajadores de la educación.