Después de los 2.000 casos reconocidos de curas pedófilos en la Iglesia norteamericana; después de escándalos similares en Irlanda, Italia, Alemania, Francia y varios países africanos; después del escándalo de "monseñor" Storni en Santa Fe, el cura Grassi ha sido encarcelado por abusar de menores sin provocar la menor reacción de la "santa madre Iglesia". Mientras tanto, siguen añadiéndose nuevos casos de abusos contra menores en el ámbito de las escuelas católicas.
Grassi fue detenido por una causa judicial iniciada en el año 2000. El fiscal declaró que existe un "patrón de conducta" que permitiría calificar a Grassi como abusador, además de "pruebas materiales" que corroboran las declaraciones de víctimas y testigos. Autoridades de la Secretaría del Menor y la Familia reconocen ahora que existen denuncias contra Grassi desde hace dos años, que involucran el delito de abuso de menores, que jamás fueron investigadas (Página/12, 26/10).
¿Por qué las denuncias en su contra no fueron investigadas de manera diligente por la Justicia y los organismos del Estado? Por la sencilla razón de que la Iglesia goza en Argentina de una completa impunidad. Mucho más cuando se trata de un cura como Grassi, que hizo "carrera" de la mano de Cavallo, Menem, Duhalde y la gavilla encabezada por Born y Galimberti. Gracias a ellos, Grassi recibió millonarios subsidios estatales, los mismos que se les niegan a los comedores escolares y a la educación pública "por falta de presupuesto". No deja de ser una muestra de hipocresía, típicamente clerical, que Grassi "progresara" cuidando de los "niños pobres" que sus amigos crearon en cantidades industriales cuando gobernaron la Argentina.
Pero Grassi se valió de los niños para levantar un imperio económico que maneja un presupuesto de varios millones de pesos. Grassi hizo de la caridad un negocio capitalista. No sólo para la banda Born-Galimberti-Rodríguez-Giménez, que gracias a la cara del cura esquilmó varios millones de dólares a la población. Además de estos fondos y de los subsidios estatales, la fundación de Grassi se sostiene con aportes de empresas privadas, que les permiten a éstas evadir impuestos por decenas de millones de dólares al año, además de digitar ideológicamente el destino de sus "aportes", algo que no podrían hacer en el caso de la asistencia social estatal. Eso sin mencionar que la "beneficiencia" es un método fantástico para el lavado de dinero La caída de Grassi es un golpe a la política de "privatización de la caridad" que desde hace años viene promoviendo la burguesía.
Grassi estaba financiado por el Estado y los grandes capitalistas; por eso gozaba de impunidad. Ahora que cayó, sus defensores ponen por delante a los 6.300 chicos que comen, viven y se educan en su fundación. Desde el momento en que - según Duhalde y Solá - la continuidad de estos servicios no está en juego (¡otra vez, el Estado pondría la plata!), las súplicas "por los chicos" no son más que una presión sobre la Justicia para que libere a Grassi en nombre de la "solidaridad social".
Como en todos los casos que han saltado de abusos de menores, también en el caso de Grassi hubo un conciente encubrimiento de la jerarquía eclesiástica. Un vocero del Obispado de Morón reconoció que venía recibiendo denuncias de abuso sexual contra Grassi desde hacía varios meses pero las ocultaron. "No pensábamos que podía saltar por ese lado", confesó el vocero a Clarín (25/10). Es decir, que pensaban que Grassi podía "saltar" por los manejos económicos de la Fundación, por sus negocios con Menem y Cavallo, por la evasión de impuestos de las empresas "benefactoras", pero no por el hecho - por ellos conocido - del abuso de menores. La confesión es una autocondena.
Storni y Grassi son apenas la pequeña punta de un inmenso iceberg. La mayoría de los curas y especialistas entrevistados por la prensa en los últimos días se vieron obligados a reconocer que el abuso de menores es "un problema real y existente en la Iglesia". Pero la Iglesia no ha denunciado públicamente a ninguno de los curas abusadores ni ha dado un solo paso para sacárselos de encima; al contrario, los apaña y los encubre. ¿Hasta cuándo deberemos seguir soportando que esta secta de degenerados y encubridores continúe atribuyéndose el derecho a dictar las normas morales de la sociedad y el monopolio de la educación?
La inmediata separación de la Iglesia del Estado, el cese de todo subsidio estatal a la Iglesia y el establecimiento de una educación única, estatal, laica y gratuita, son medidas elementales para la defensa de la salud física y moral de nuestros pibes. Entonces sí, cuando la educación se libere de la tutela oscurantista de la Iglesia, se crearán las condiciones para que los chicos sean felices. Mientras se mantenga esta tutela y la Iglesia goce de impunidad, los únicos felices serán los abusadores de menores.