Los ilícitos se habrían cometido cuando ambos estaban al frente de la Cartera. Acreditan irregularidades en contrataciones de servicios, compras, pagos de sueldos a "punteros" con horas cátedra y un "ejército de asesores".
Bordón. El actual embajador argentino en Estados Unidos podría perder sus fueros y quedar detenido. La justicia penal de La Plata pidió ayer la detención del actual Embajador argentino ante los Estados Unidos José Octavio Bordón y del ministro de
Educación bonaerense Mario Oporto, ambos acusados junto a otros 20 ex funcionarios de la disuelta Dirección General de Cultura y Educación provincial, por una serie de presuntos ilícitos con la contratación de servicios, licitaciones y el manejo de las horas cátedra, informaron fuentes de tribunales.
Del requerimiento de detención, efectuado por los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo ante el juez de Garantías nº 1 de La Plata Federico Guillermo Atencio, se desprende además, que cuando Bordón y Oporto se encontraban al frente de la cartera Educativa, el organismo habría contado con un "desproporcionado ejército de asesores".
Las fuentes consultadas señalaron que el juez Atencio deberá expedirse en primer término, respecto del pedido de desafuero que efectuaron los fiscales a Bordón y Oporto. Y en caso afirmativo, la cuestión de fondo se resolvería luego en las legislaturas nacional y provincial, respectivamente.
En tanto, Atencio dispone de un plazo de cinco días para decidir si hace lugar a los requerimientos de detención de otros 20 ex funcionarios de la Dirección de Escuelas, cuyas identidades no fueron informadas a fin de no entorpecer la investigación.
La instrucción judicial se inició en julio de 2001. Fue el ex asesor de la cartera educativa Juan Ibarra, quien declaró como testigo en el marco de una causa penal iniciada por la denuncia de los abogados platenses Roberto Montenegro y Pablo Cuomo sobre posibles irregularidades en áreas de la cartera que por entonces conducía Bordón.
Ibarra explicó ante la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata -a cargo de los fiscales Argüero y Lombardo- que recibió en forma anónima documentación sobre contrataciones directas en la cartera Educativa, compras de muebles y alquiler de remises, de las cuales le "llamaron la atención" los montos y la celeridad con que se consumaron los pagos.
El testigo mencionó que, por ejemplo, se hizo una operación directa -sin concurso de precios- por la compra de muebles por 1.800.000 pesos a favor de la empresa Carzalo, que fue abonada en menos de 60 días.
Sobre esa adquisición, Ibarra sostuvo que se había realizado una licitación para comprar esos muebles por 1.100.000 pesos, pero la empresa que ganó, que no era Carzalo, quebró, añadieron las mismas fuentes.
Ante la situación generada por la quiebra del adjudicatario, en vez de abrir los sobres de las demás empresas que presentaron ofertas en esa licitación, se resolvió una contratación directa a Carzalo por un monto superior y por los mismos elementos.

Punteros políticos & "clases magistrales"
Además de las irregulares contrataciones directas, los fiscales de Investigaciones Complejas Carlos Argüero y Esteban Lombardo dieron por probado la excesiva cantidad de horas cátedra de varios docentes -muchos de ellos de gran renombre y prestigio-, que por lejos excedían los horarios posibles. Es decir, para algunos maestros, hubo días de 73 horas, y meses de 94 días, según ejemplificaron a Trama Urbana calificadas fuentes de tribunales al recordar tan sólo uno de los casos acreditados.
De la investigación también surge que las horas cátedra se duplicaron respecto de la gestión anterior, y que las mismas "serían destinadas a pagar sueldos para punteros políticos" que no eran docentes.
Entre aquellos que cobraban horas cátedra de la cartera educativa bonaerense aparecían varias personas que tenían domicilio en la Capital Federal, Córdoba, Mendoza, y otros lugares distantes de esta Provincia.
Entre las diversas irregularidades que se denunciaron en la causa, figuran también algunas vinculadas con la contratación de remises.
En el expediente figura el caso de la empresa Autolisto de La Plata, que presentó facturaciones por servicios por 150.000 pesos, que fueron pagados también en un plazo no superior a los 60 días. A los investigadores les llamó la atención: en las elevadas sumas de dinero, en el pronto pago y que sólo apareciera la empresa Autolisto como prestadora de esos servicios.

"Era el padrino de mi hijo"
La primera versión llegó a la fiscalía a mediados de 2001, por boca del ex asesor de la cartera de Educación Juan Ibarra. En su denuncia dijo que existirían "más de 200 personas" que cumplirían funciones de "asesores de secretarios, de subsecretarios, de directores y de asesores de asesores".
Según señaló en su testimonio ante los fiscales Argüero y Lombardo, el testigo dijo que tomó esa actitud por la "desilusión" que le generó la "falta de respuesta de Bordón", de quien detalló que "no sólo era su superior jerárquico y su refe-rente político, sino también el padrino de su hijo".
"Bordón era mi referente no sólo en política sino también en los actos de mi vida, y tal es así que por el afecto que me prodigaba lo elegí para que sea padrino de mi hijo, pero de ningún modo voy a aceptar quedar manchado por cuestiones ajenas a mi proceder", afirmó Ibarra en su denuncia judicial.

La otra causa
En la fiscalía de Investigaciones Complejas tramita otra causa vinculada con presuntos ilícitos en la cartera educativa bonaerense en donde se encuentran imputados nada menos que 90 empleados.
Se los acusa de una presunta defraudación al Estado provincial, que sería millonaria, mediante la confección y cobro de cheques por viáticos y horas extras que al parecer no se realizaban.
En esa causa, el juez de Garantías Néstor De Aspro hizo lugar a los pedidos de detención (aunque los eximió de prisión bajo fianzas) de ocho de los 90 imputados.
En diciembre de 2002, el magistrado consintió los pedidos de captura formulados por los fiscales contra los ex funcionarios de Educación Jorge Dewey,
Claudio Speicys, Alberto Horacio Aispuru, Andrés Ibarra y Roberto Ipoutcha.
El juez De Aspro sostuvo en su resolución que los citados funcionarios serían autores responsables de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público y fraude contra la administración pública"
Este expediente aguarda fecha para ser elevado a juicio oral y público.