La salvaje represión desatada contra los docentes el pasado jueves 27 de febrero en La Plata, expresa el carácter abiertamente antiobrero delduhaldismo. La policía actúo con saña contra los manifestantes, lo que arrojó 23 compañeros heridos con balas de gomas y centenares de compañeros con contusiones de diversa magnitud.
La salvaje represión no estaba en los cálculos de la dirección de Suteba, que se empeñó hasta último momento en llegar a un acuerdo con el gobierno provincial. Luego lanzó una medida aislada, un paro de 24 horas para el primer día de clases, que no se compadece con la magnitud del ataque en curso. La represión del 27 pone de relieve -si todavía faltaban evidencias al respecto- el abismo insuperable que existe entre las aspiraciones mínimas de los trabajadores y la política gubernamental.
La ley votada por la Legislatura bonaerense representa un ataque gigantesco contra los trabajadores de la educación y pone en marcha el objetivo largamente acariciado de liquidar el Estatuto del Docente.
Sobrepasada por los acontecimientos y en medio de la indignación generalizada provocada por los hechos, la dirección Celeste se vio forzada a extender la huelga prácticamente a toda la semana, decretando un paro de 96 horas que culminará con un marcha el próximo 7 de marzo a Plaza de Mayo.
Existe una gran deliberación dentro de la docencia sobre los pasos a seguir. Hay instalada una gran desconfianza con la burocracia de Yasky, luego de que él levantó el paro por tiempo indeterminado y aceptó la rebaja salarial y el pago en bonos. Escuelas que estuvieron a la cabeza de la huelga el año pasado, esta vez optaron por darle la espalda al sindicato, no asistieron a las asambleas y, en algunos casos, hasta se opusieron a una medida de fuerza. En esta confusión cabalgó la burocracia para hacer pasar sus propuestas de compromiso con Solá que se revelaron, al poco de andar, como inviables. Esta confusión fue alimentada también por sectores de la izquierda, quienes inclusive se pusieron a la derecha de la Celeste, al plantear que no había condiciones para ninguna medida de fuerza.
Esta contradicción entre la necesidad de una lucha a fondo y la desconfianza absolutamente fundada que provoca la burocracia, debe ser superada en el curso de la propia lucha. En este marco, tiene extremada importancia el pronunciamiento adoptado por la asamblea de Marcos Paz, por una huelga por tiempo indeterminado y la convocatoria a una asamblea general provincial, e incluso convocarla desde las seccionales si la conducción provincial no lo hiciese. Han aparecido otros planteos que apuntan a la huelga general, como el de La Matanza, a favor de paros progresivos, o el de Escobar, que votó un mandato por la huelga indefinida.
El planteo votado en Marcos Paz constituye un programa para el conjunto de la docencia bonaerense. El paro de 96 horas, por otra parte, instala por sí solo la cuestión de la huelga general. ¿Qué otra cosa queda luego de ese paso? Por ese motivo, pasa a ser clave el éxito del paro de 96 horas. El activismo debe tomar en sus manos la organización del paro y asegurar su cumplimiento masivo con piquetes en las puertas de las escuelas, asambleas permanentes y la coordinación entre las escuelas. En este marco, impulsar los mandatos y pronunciamientos a favor de huelga indefinida y la asamblea provincial.
Es la oportunidad para que la lucha docente empalme con el movimiento popular de lucha expresados en los piquetazos y cacerolazos, aprovechando los estrechos vasos comunicantes que unen a los docentes y escuelas con la población, en las diferentes barriadas.
La lucha docente ocupa un lugar estratégico en el actual escenario político. El desarrollo de la huelga en el magisterio sería un disparador para la entrada en acción de otros sectores del movimiento obrero, en especial la clase obrera industrial, tendencia que ya está asomando.
¡Viva la huelga docente!