La situación del trabajo docente hoy en nuestro distrito la podemos graficar con la siguiente “oferta laboral” en este año 2003: En el año en curso, sobre un total de 214 vacantes de 1º a 6º año se titularizarán 107 cargos de maestro de grado y hay 8.684 docentes inscriptos para intentar tomar esos puestos. Para preceptores de 3er ciclo, hay 298 vacantes de las cuales deben titularizarse 149 y para las cuales hay 9.254 aspirantes. En la rama de artística, hay en la asignatura Plástica para 2º ciclo, 58 módulos y 690 aspirantes; para la misma asignatura para 3er ciclo, hay 184 módulos y 249 aspirantes; para la asignatura Música, hay 84 y 148 módulos para 2º y 3er ciclo, habiendo 160 y 98 aspirantes para los mismos respectivamente (informe elaborado por la Secretaría Gremial del SUTEBA Matanza, en base a datos de las Secretarías de Inspección).

Estos datos son sólo un ejemplo de la situación que si bien pueden modificarse ya que surge la posibilidad que algunos docentes se anote en varios listados (por ej. por incumbencia de título, el MG se puede anotar como PR), la realidad es que el grado de desocupación y la consiguiente desesperación golpea a la docencia, sobre un escenario con un porcentaje de docentes por debajo de la línea de indigencia, y más del 50% por debajo de la línea de la pobreza.

Históricamente, en nuestro distrito había una oferta de cargos abundante, que hizo incluso que la DGCyE acudiera a profesionales no docentes para los cargos de difícil cobertura. Abogados, ingenieros, técnicos encontraron trabajo en el sistema educativo. Hoy, por varias razones, la situación es distinta: muchos docentes que nunca trabajaron o habían dejado de trabajan ahora lo hacen; muchas personas ven en la docencia una carrera corta con la posibilidad de estabilidad laboral en comparación con otros trabajos; aquellos que nunca habían tenido necesidad de trabajar más de un cargo ahora sí tienen esa necesidad; la realidad de los docentes en condiciones de jubilarse que no lo hacen porque la misma es condenar a una peor situación a muchos de ellos.

Cuando en 1995 la DGCyE comenzó a aplicar la Ley Federal de Educación en la provincia, se inició un profundo ajuste que deterioró al docente como trabajador y a la educación como derecho social del pueblo. Para implementar la Ley Federal la DGCyE genera toda una serie de legislación que tiene como consecuencia una serie ininterrumpida de injusticias (como por ejemplo el Decreto 4457 que aumentaba la cantidad de cursos por preceptor, entre otras cosas) lo que redunda no sólo en una sobrecarga laboral y por consiguiente un detrimento de la calidad educativa.

La profundización del ajuste impide tanto la construcción de escuelas como así también el desdoble de numerosos cursos, que serían otra fuente de trabajo, a lo que se suma una deserción de alumnos que va en aumento sobre todo en la rama polimodal. A tal punto hemos llegado que se cerraron varias carreras por considerar que no iba a existir oferta laboral (tal es el caso de Jardín, Educación de Adultos). Paradójicamente, en nuestro distrito, hay solicitadas desde el año 1997 14 EGB y en el año 2002 hubo 6002 chicos inscriptos excedentes de jardín que no pudieron acceder a este nivel (lo cual haría necesaria la construcción inmediata de por lo menos 30 jardines).

La DGCyE legisla sobre nuestra realidad laboral, modificando el estatuto y otorgando 5 puntos a los trabajadores que residan en el distrito en el que trabajan. La plena vigencia del Estatuto del Docente por la que hace años venimos luchando no puede ser coyuntural ni quedar sujeta a negociaciones políticas. La vigencia del estatuto debe realizarse todos los años luego de garantizar la estabilidad laboral a todos los docentes que hace años vienen trabajando, y la estabilidad laboral es la TITULARIZACIÓN. La responsabilidad de aplicar el Estatuto es del estado bonaerense y no de los trabajadores y cuando el mismo no se aplica en tiempo y forma para todos por igual se genera una injusticia que debe ser solucionada por ese mismo estado y no cambiar las reglas de acuerdo a su conveniencia.

Esta realidad no es universal en toda la provincia sino que está directamente relacionada con la densidad demográfica de cada distrito o región. Así en el interior no es común que un docente pueda tener doble cargo.

Toda esta conjunción de variables tiene como consecuencia lo que en la jerga se conoce como el cierre del distrito: los distintos puestos de trabajo de la docencia se van titularizando (en primer y segundo cargo) y ante la realidad de la no creación de nuevos puestos de trabajo y el cierre de cursos por deserción de matrícula, la oferta laboral cada vez es menor.

Que el docente pudiera dedicarse full time a su función pedagógica y vivir con dignidad con un solo cargo, es un ideal que cada vez está más lejano cuando se titulariza en dos cargos, pero lo que es peor, al considerar la posibilidad de plantear lo que ya plantearon algunos sectores, la titularización del tercer cargo o su equivalente en horas. Esta situación es para nosotros, ser cómplice de la flexibilización laboral que otros trabajadores ya están sufriendo, ya que la sobreocupación esconde no sólo la desocupación y la flexibilización (en cantidad de horas y en polifuncionalidad de tareas) sino también la aceptación del deterioro salarial: cada vez se necesitan más cargos / horas para mantener cierto nivel de vida, y lo que no es menor, rompe la solidaridad entre trabajadores docentes. Esta situación más de una vez intentó ser aprovechada por la patronal para provocar de hecho, un enfrentamiento entre los docentes: la remanida pelea de pobres contra pobres.

En el tema salarial, el deterioro queda plasmado por un informe gremial del sindicato UPCN aparecido en el diario Hoy de La Plata. El mismo afirma que “sólo por la inflación registrada en 2002 los empleados públicos de la Provincia ya perdieron el 28,7% de sus haberes”; “ más del 60% de los agentes públicos, a pesar de contar con trabajo, vive en la pobreza, porque no llegan a cubrir la Canasta Básica Total”; “para restituir el poder de compra que tenían en diciembre de 2001 los empleados públicos bonaerenses, debería registrarse una actualización salarial con un piso del 40%”; entre los alcanzados por la creciente pobreza, hay un 64% de empleados de la administración central, un 47% de docentes y 55% de personal que se desempeña en la policía”.

Así la DGCyE se arroga el derecho de ir modificando nuestro contrato laboral, el Estatuto del Docente, y con ello, modificando la relación laboral, sin tener en cuenta el impacto negativo que esto produce en el deterioro del conjunto del sistema educativo y en las consecuencias de aquellos para los cuales la sociedad crea el sistema: los chicos, que cínicamente más de una vez son utilizados como mascarón de proa por las autoridades y varios medios periodísticos contra la realización de medidas de fuerza, pero que a la hora de mejorar objetivamente su situación, no se los tiene en cuenta.

Sin consultar a la docencia, o lo que es peor negociando con las burocracias sindicales, tan sólo en los últimos tiempos padecimos:

Ley 12727/01
- Recorte salarial a partir del 1º/07/01 que va del 5 al 29% del salario; Congelamiento de la antigüedad; Pago en patacones; Pago fuera de termino, cuando ellos quieran.

Ley 12867/02
- Quita de las Ruralidades, 30 ó 60 % menos sobre el básico; No pago del premio por egreso (20 ó 30 años de servicios en la provincia); Descuento del presentismo de los meses de Mayo y Junio del 2002; Descuentos de las retenciones de servicios; Siguen pagando en cualquier fecha; Nuevo régimen de licencias que conculca los derechos de los suplentes y recorta las licencias por maternidad. Además no se cobra la ultima parte del 1º semestre del 2001 del incentivo docente, y la A.F.I.P. baja el monto imponible (lo que gana cada uno) sobre el cual aplica el impuesto a las ganancias.

Frente a este panorama, CONSEJO EJECUTIVO del SUTEBA Matanza plantea que resulta indispensable la organización de una lucha de todo el distrito y en un programa de reclamos que encadene una salida de conjunto para los trabajadores docentes y la educación. Ninguna consigna o reclamo en sí mismo podrán resolver el cuadro de desocupación creciente, de degradación del salario, de las escuelas desmoronadas, y los alumnos víctimas del hambre.

Exigimos al gobierno:

Inmediato aumento salarial igual al costo de la canasta familiar.
Extensión para los estatales de los 150 pesos otorgados a los trabajadores privados
Anulación de las leyes de emergencia, restitución de los descuentos, ruralidades, antigüedad y premios.
Incorporación de las sumas en negro al básico.
Un preceptor por curso.
Equiparación salarial: que un maestro gane igual que un profesor.
Reapertura de los cursos cerrados al 2001y 2002, ningún cierre en el 2003.
Implementación de políticas concretas para la retención de matrícula.
Nombramiento de suplentes por menos de 5 días.
Desdoblamiento de cursos, no mas de 25 alumnos.
Apertura de las salas ociosas del nivel inicial.
Anulación del nuevo régimen de licencias.
Becas para todos los alumnos en el mes de marzo y cupos suficientes de comedor.
Pago inmediato de la totalidad del Incentivo adeudado de los años 2001-20002 y en curso

El gobierno quiere imponernos una derrota. No lo podemos permitir. Organicemos la lucha para enfrentarlo.