La Ley de Emergencia provincial ha sido impuesta con la oposición de la mayoría de los docentes y trabajadores estatales. El gobierno no ha podido ni siquiera garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con las direcciones de SUTEBA Y FEB, que fueron presentados por estas como conquistas que permitían levantar exitosamente el proceso de lucha que había iniciado con toda la fuerza la docencia provincial.
Cuando nos oponíamos al acuerdo con el gobierno, era sobre la convicción de que este preparaba nuevos ataques que le permitieran patear la crisis hacia adelante en el tiempo.
El intento (fallido hasta ahora) de jubilación masiva se inscribe en esta línea, al igual que el anuncio de la municipalización de escuelas y hospitales.

¿Qué significa la municipalización?
La transferencia de escuelas y hospitales a los municipios es un viejo anhelo de las fundaciones de los organismos de crédito internacionales y bancos. El grupo Sophia del Banco de Boston, FIEL (ver material con sus recomendaciones ya editado), etc, son los impulsores a nivel internacional de la reforma educativa que ha dado lugar en Argentina a la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, a la Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior para la universidad, a la política de "descentralización y profesionalización docente", bajo la forma del fracasado Pacto Federal Educativo II de Llach y otros similares, como el proyecto de las escuelas charter y voucher.
El siguiente paso en esta política que tiende a la privatización de las escuelas, es el de la municipalización.
En Chile la municipalización ha sido aplicada en la década del ´80 bajo la dictadura de Pinochet y sigue funcionando hasta hoy. Un ejemplo de los resultados es la pérdida de estabilidad laboral de los docentes, con mayoría de docentes contratados por un plazo determinado, con la privatización completa de la jubilación, con la autogestión de los fondos en cada escuela, lo que ha obligado al arancelamiento parcial o total de las mismas, y "evaluaciones" constantes de la calidad educativa de acuerdo a la productividad del personal, siendo el resultado de estas evaluaciones el que determina el financiamiento futuro de la escuela y la necesidad o no de renovar al personal que no concuerda con el "perfil" institucional. (Para más información sobre la experiencia chilena remitirse al material del Congreso Pedagógico disponible en la seccional).
¿Qué resultado puede tener en Buenos Aires la transferencia a los municipios?
En primer lugar está el aspecto financiero. Con municipios en su mayoría quebrados, la transferencia va a significar el cierre de escuelas y hospitales o su privatización directa. No sirve en este sentido el argumento de una transferencia conjunta de servicios y fondos, ya que se vivió la experiencia con las escuelas nacionales transferidas. La discusión en ese momento se limitó a aceptar un traspaso a condición de que fuera acompañado con fondos ... que nunca aparecieron. Estamos en contra de la transferencia de las escuelas, ya que implica un desentendimiento creciente del estado en esta área, y conduce al deterioro creciente de la escuela pública. El problema no es sólo de dinero, sino de proyecto educativo. El deterioro sufrido por las ex escuelas nacionales está a la vista de todos, al igual que la desaparición gradual del sistema educativo como un sistema nacional que integre la realidad del conjunto del país.
La privatización de escuelas puede adoptar formas directas o encubiertas. Desde el cobro de una cuota compulsiva como es en la actualidad en las escuelas privadas, hasta el financiamiento mediante "sponsors" que a cambio de financiar algunos gastos de las escuelas, impongan una modificación curricular al servicio de sus necesidades: mano de obra gratuita mediante pasantías estudiantiles, capacitación y selección de futuros empleados de acuerdo a los "perfiles" que la empresa desee a costo cero, la exención impositiva y porque no, el lavado de dinero. Un sistema que ya empezó a aplicarse en San Luis, bajo el asesoramiento de Mariano Narodosky y Susana Decibe, es el de las escuelas charter, o sea que se le entrega el gerenciamiento de la escuela a una asociación privada, que decide el proyecto institucional, el tipo de docentes necesarios para esto, y los mecanismos de financiamiento, en el cuadro de un total desentendimiento del estado sobre el funcionamiento del sistema educativo.
El segundo aspecto, es el educativo. Cualquiera de los mecanismos antes descriptos profundiza la brecha entre escuelas ricas y pobres, o sea entre una educación de primera para quienes puedan pagarla, y una educación de segunda, tercera o cuarta para quién no pueda hacerlo. También implica que para franjas de la población no habrá ninguna educación, ya que el estado no garantiza las condiciones mínimas de acceso a ellas.
Cualquier proceso de descentralización educativa, genera una desigualdad para los alumnos, ya que se combinan el deterioro de los contenidos y la falta de elementos didácticos mínimos que garanticen la igualdad de oportunidad que debiera ser uno de los fines de la educación, recayendo la desigualdad sobre los mismos sectores que hoy no tiene garantizado ni siquiera el alimento cotidiano.
En tercer lugar, la municipalización trae aparejada una pérdida de los derechos laborales, con la eliminación del estatuto del docente, y en primer lugar de la estabilidad. Es una forma de aplicar los objetivos del Plan Llach, ya que la descentralización, autogestión y gerenciamiento privado total o parcial, solo es posible con la flexibilización docente, la rebaja de salarios, y el pago de "incentivos" por productividad, léase, la tan mentada calidad educativa, evaluada con criterios de mercado: cuantos alumnos han sido promovidos y cuan rentable ha sido el trabajo del docente en términos de negocios.
La municipalización debe ser rechazada de plano. Está en juego la existencia misma de la educación y la salud públicas. La defensa de la educación pública es una tarea que implica retomar la lucha contra el gobierno, junto a los padres y los alumnos, rechazando este nuevo ajuste, disfrazado de municipalización.
Retomar la lucha implica que la organización alcanzada por los docentes y la comunidad en los meses pasados, debe potenciarse, tomando como ejemplo la organización de cada zona, las actividades que de allí se proponen, para unificarlas en una actuación común. No hay educación posible sin estar acompañada de necesidades sociales mínimas garantizadas. Los reclamos de los padres y los alumnos deben incorporarse en esta lucha común.
La situación actual nos obliga no sólo a rechazar este nuevo intento en contra de la educación pública, sino también reclamar por los derechos y el tipo de educación y escuela que hemos perdido. La educación pública es un bien social y cultural, y un derecho inalienable que debemos defender.
Un gobierno que no puede garantizar ni el funcionamiento de las escuelas, es un gobierno que intentará sobrevivir sobre la base de quitarnos más cosas. Ahora viene una vez más por las escuelas. Pero también viene sobre nuestros salarios en moneda inconvertible (patacones), sobre las jubilaciones, sobre el IOMA, etc.
Enfrentarlo es lo único que nos asegurará impedir que vengan por más e ir nosotros por más.