La burocracia sindical, sin distinción de ‘encuadramientos’, traicionó la excepcional lucha desarrollada durante todo el último mes por los estatales y los docentes bonaerenses. Tanto los gremios de la CGT como la CTA, aceptaron la oferta salarial de 100 pesos remunerativos no bonificables (no van al básico) y la equiparación de las asignaciones familiares con Nación de 9 a 40 pesos por hijo. En el caso de los docentes, 268 pesos de básico contra 234, ¡un “aumento” de 34 pesos! Lo que firmaron las burocracias “gorda” y “alternativa” está a años luz de los 250 pesos de aumento al básico y la efectivización de los contratados, las dos reivindicaciones que fueron el motor de las huelgas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se animó a lanzar la conciliación obligatoria, luego de cerrar un acuerdo secreto con la burocracia –los medios informaron sobre la oferta final y la aceptación de los sindicatos mucho antes que aquella se hiciera pública. La burocracia de los gremios que responden a la CGT no consultó a nadie; la de ATE apeló al recurso de la “suspensión” del plan de lucha por tiempo indefinido, para pasar luego al rechazo de la conciliación y la confirmación de un paro de 48 horas ante el pronunciamiento masivo de las asambleas. De todos modos, fue un paso forzado por los trabajadores y no un cambio de política: ATE no quiso convertir el rechazo a la conciliación y a la reafirmación de los 250 pesos al básico en un boomerang contra el gobierno, a través del llamado a una asamblea única y la organización de la huelga general.

La conciliación obligatoria provenía de un gobierno débil frente a una lucha ascendente y su rechazo abría las puertas a una crisis de gobierno y la oportunidad de una victoria. La traición de la burocracia preparó el terreno para el desenlace final.

La consulta

Los gremios de la CGT aceptaron la oferta salarial sin más ni más. ATE y el Suteba plantearon un método de desmovilización mucho más sofisticado: paralizaron los paros generales y propusieron que “la base decida” sobre la nueva oferta salarial a través de una “consulta”. Las asambleas que se realizaron en todos los ministerios, hospitales y escuelas se encontraron con el “vacío” que produjo la defección de ATE, sobre todo, para los organismos que no estaban en paro por tiempo indeterminado y paraban con las convocatorias de los sindicatos. Fue un golpe calculado para desmoralizar y aislar al activismo y la primera fila de la huelga.

Perfidia sobre perfidia. La “consulta”, siempre un instrumento de desarme de la lucha porque elimina las asambleas y el voto a mano alzada, constaba de tres opciones: levantar, aceptar la oferta y “suspender” hasta agosto o rechazar. Bajo cuerda, las burocracias centrales de ATE y Suteba llamaron a votar por la segunda opción, lo que les permitía ocultar la rendición.

Al operativo “sindical” para terminar con la huelga, se sumó un operativo represivo del gobierno, que envió la policía a las reparticiones para impedir las asambleas y a los funcionarios a amenazar a los delegados.

Las asambleas, allí donde pudieron hacerse venciendo la tenaza gubernamental-burocrática, ratificaron la lucha por los 250 pesos, deliberaron sobre la situación de la huelga, llamaron a los sindicatos a continuar la lucha y hasta defendieron el paro nacional y provincial de ATE el 6 de julio (que se convirtió en una mascarada por el levantamiento de la lucha en la provincia).

Las bases de una oposición consecuente

La burocracia sin distinciones impugnó la huelga general a lo largo de todo el conflicto (y se opuso tajantemente a la que se desenvolvió en los hospitales) planteando el peligro de la conciliación obligatoria. Fue sólo un argumento para mantener la lucha en los términos de los paros aislados y de desangre, un límite establecido por burocracias que jamás quisieron romper su política de colaboración con el gobierno de la provincia, incluido el frente común con Solá y Duhalde en la “batalla” por la coparticipación.

La resistencia a aceptar el pacto de la burocracia con el gobierno se expresó en varios escenarios. Los docentes de los Suteba de La Plata y Ensenada derrotaron masivamente a la burocracia en la “consulta” y se movilizaron (1.000) por la continuidad. En el Hospital Castex, en huelga por tiempo indeterminado, se planteó la conformación de una intergremial en una reunión altamente representativa del activismo de los hospitales, planteo que “tuvo la férrea oposición del frente gremial ATE-Cicop (representado en este caso por el MST) que argumentaron que ‘las condiciones no estaban maduras’ y sólo había que crear ‘un espacio para intercambiar experiencias’”, al punto de vaciar el plenario (Carlos Suárez, delegado del Suteba San Martín). Junto al Mercante y los estatales agrupados en la Interestatal de La Plata, son los puntos más altos de evolución del movimiento de lucha. Existe un proceso de crisis en la FEB, donde un amplio sector de seccionales votó rechazar la propuesta oficial y la conducción convocó un paro para el 26 de julio. La Interdistrital que se nuclea en torno a ATE Sur (siguiendo la orientación del PC), mantuvo un último paro de 48 horas, pero compartió la política de “suspender” la lucha.

En numerosos lugares de trabajo se han convocado plenarios para realizar un balance de la huelga y reimpulsar la lucha salarial. En la conciencia del activismo está presente la miseria pactada por la burocracia, lo que plantea la posibilidad de que este desenlace sea provisorio. La tarea es defender la unión en base a la soberanía de las asambleas, las direcciones responsables frente a ellas y la coordinación de lucha. Defender la unión de las asambleas de los hospitales. Poner en pie una poderosa agrupación clasista y de lucha.

Christian Rath (informes de Alejandro Sánchez Moreno y Sergio Villamil)