El viernes 5 de agosto la burocracia del Suteba (CTA y CCC) lanzó una consulta para aceptar o rechazar la oferta presentada por el gobierno de la provincia (y establecer una tregua por los próximos tres meses, para trazar la “letra fina” del acuerdo). Antes que la encuesta llegara a las escuelas comenzaron a aparecer en ellas, incluso de los distritos celestes, mandatos de repudio en numerosas escuelas. En los plenarios de delegados de Merlo, Tigre y San Martín, el descontento contra la posición de la directiva fue masivo. Todo indica que el repudio debe crecer a medida que se sepa lo firmado por la burocracia, incluyendo dislocamientos en su propio seno.

¿En qué consiste el acuerdo?

Lleva un básico de cargo testigo de 300 a 364 pesos. ¿Un aumento de 64 pesos? No, porque 40 son blanqueo de presentismo y 10 de una suma remunerativa no bonificable, percibidas por estos conceptos con anterioridad. En definitiva, el gobierno adiciona sólo 14 pesos para el docente que se inicia. Con los descuentos que se suman ahora para Ioma y jubilación, para la mayoría podría significar una reducción salarial, contenida por la garantía de 600 pesos de mínimo ya existente. El acuerdo sí significa un aumento del orden del 20 al 25 para los docentes con mayor antigüedad –de 800 a 1.000 para maestro a cargo de un grado con veinte años de trabajo.

A cambio de esto la burocracia acepta una cláusula de paz social –no más paros hasta fin de año– y la devolución de los descuentos por los días de paro queda sujeta a que los gremios levanten las demandas judiciales y garanticen la recuperación de los contenidos perdidos por las huelgas.

Antes de esta propuesta, el gobierno de Solá-Kirchner estaba contra la pared, luego de las masivas huelgas de 48 horas que se realizaron al regreso del receso invernal. Justamente por esta situación, porque el ascenso de la lucha docente volvía a plantear el conjunto de la lucha de los estatales contra el hundimiento del salario, el gobierno apeló fuertemente a la burocracia, con la que tiene fuertes lazos, para paralizar la lucha. La “resolución” del conflicto ha sido puesta sobre las espaldas de la burocracia. Cuándo ésta dice, a través de la Celeste, que “Solá tuvo que venir al pie”, está encubriendo el pacto por el cual se comprometió a levantar las medidas de lucha contra la oferta del gobierno.

El Plenario de Delegados convocado por la oposición

Las seccionales combativas mantuvieron el plan de lucha que la burocracia levantó en función de la oferta del gobierno. En ese marco, el 3 de agosto, una manifestación de más de 1.200 compañeros marchó a la Gobernación de Buenos Aires y denunció ante la docencia de la provincia, en el mismo lugar donde se estaba cocinando la porquería, que la burocracia estaba firmando la entrega. Fue una movilización en el marco de un paro provincial, que al día siguiente continuó con cese de tareas y asambleas masivas que rechazaron la entrega en marcha.

El cuarto Plenario de Delegados de escuela con mandato convocado por las seccionales de la oposición, el lunes 8, acaba de resolver el rechazo a la propuesta del gobierno (apoyado en una campaña masiva de firmas), el llamado a la continuidad de los paros progresivos por los 800 pesos de básico, llevar esta moción al Congreso de Suteba, movilizarse el viernes 12 y convocar a un nuevo Plenario de Delegados del Suteba en lucha para el 19 de agosto.

Daniel Sierra

11-08-05

Pronunciamiento 4º Plenario de Delegados en Lucha

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Córdoba
La Burocracia Entregó el Reclamo Docente
Que se Respete el Mandato de Capital

La burocracia del Frente Gremial Docente (encabezado por UEPC) entregó la lucha salarial. El gobierno había efectuado una propuesta salarial días antes del reinicio de las clases; la misma fue rechazada, hubo un parazo de 72 horas, una multitudinaria movilización con más de 10.000 maestros y profesores, jornadas de asambleas en las escuelas que llevaron a cortes de ruta durante el viernes, lunes y martes. ¿Qué agregó el gobierno a esa propuesta? 40 pesos de bolsillo para la categoría inicial y un mejoramiento para 6.500 jubilados; o sea, nada.

Con esa propuesta la conducción de UEPC se dedicó a organizar la entrega de la lucha. La nueva propuesta del gobierno surgió ante la evidencia de que el conflicto se profundizaba. Cuando el viernes 29 los docentes de la zona norte salieron a hacer cortes de calle, la burocracia llamó rápidamente a las escuelas para decir que “esa metodología no era la resuelta”; como respuesta el lunes hubo 20 cortes en la Capital, el martes ya sumaban más de 30 y empezaba a asomar el interior provincial.

UEPC logró, con maniobras, que en todos los departamentos del interior fuera aprobada la propuesta del gobierno. Pero en Capital (donde se concentra el 50% de la docencia) fue distinto: los mandatos no bajaban de paro por 72 horas y había muchos que reclamaban el paro por tiempo indeterminado. (La inmensa mayoría reclamaba que el mandato de capital se llevara adelante aunque el resto de los departamentos decidieran levantar la lucha. En la resolución se “abría el paraguas” a la maniobra histórica de someter el mandato de lucha de Capital a la Asamblea de delegados departamentales dominada por la burocracia.) La moción del rechazo de la propuesta salarial del gobierno triunfó por 176 a 112 votos. Más de 200 docentes que no son delegados acompañaron las deliberaciones y luego cortaron la avenida General Paz para que se salga a la lucha.

Burocracia, gobierno y los medios ocultaron esta derrota y salieron a dar por finalizado el conflicto docente, a sabiendas de que la departamental votaría la aceptación (a pesar del dominio burocrático de la misma, las voces en contra del acuerdo fueron muchas).

Al momento de escribir esta nota, un grupo importante de docentes se autoconvocaba para definir un rumbo que respetara el mandato de la Capital de seguir la lucha por los 300 pesos al básico, la incorporación de todas las sumas en negro al básico y el 82% móvil para los jubilados.

Eduardo Salas