En un tramite vertiginoso, la Legislatura Bonaerense sancionó el viernes el 20 de Febrero, una ley por la cual se modifican los artículos 109 y 110 del Estatuto del Docente. Veinticuatro horas les llevó a Diputados y Senadores meter mano en nuestro Estatuto. Otra vez los docentes somos convidados de piedra en las decisiones del poder político provincial. Se trata de una demostración de fuerza que sienta un precedente para futuros avances sobre nuestras conquistas laborales.
Rechazamos con toda energía el accionar de esta Legislatura que hoy vota una ley a la medida de las necesidades del poder, como ayer votó las leyes de ajuste sobre la Educación, la Salud, la Justicia y las Jubilaciones de los bonaerenses. No aceptamos ni aceptaremos unas monedas de aumento a cambio de flexibilización laboral.

LOS EFECTOS DE LA LEY
A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, la ley viene a modificar las condiciones de ingreso a la docencia en las ramas Inicial, EGB, Especial, Sicología, Adultos y Formación Profesional. Al dar continuidad por un año a las provisionalidades y suplencias, tendremos actos públicos con muy pocos cargos u horas cátedra, agravando así la desocupación docente, ya amenazada por las fusiones o cierres de curso, producto de la deserción y/o repitencia de miles de alumnos en toda la provincia. Si bien la medida beneficia aparentemente a algunos docentes que ven confirmada su continuidad es funcional al proyecto educativo provincial por tres razones:

Oculta las irregularidades que hubo en la falla del sistema utilizado en la confección del listado de ingreso a la docencia (se preveían cientos de impugnaciones).

Modifica sin previo aviso las condiciones para acceder a los cargos, agravando las situaciones de injusticia y desigualdad.

Enfrenta los intereses de un grupo de docentes que aparentemente se beneficia con la continuidad y aquellos que quieren acceder a los cargos.

Por todo lo expuesto solicitamos por el presente petitorio a las autoridades educativas y del Municipio de Bahía Blanca que se expidan y actúen desde los cargos que ocupan por:

La anulación de la Ley que reforma de los artículos 109 y 110 del estatuto del docente.

La titularización de los cargos docentes vacantes según la norma estatutaria, otorgando así efectiva estabilidad a un número mayor de docentes.

Que no se cierre ningún curso ni modalidad de la enseñanza y se descongelen las plantas cubriéndose todos los cargos necesarios de docentes, auxiliares y cocineros.

Que se garantice el pago de las becas, transporte, útiles y vestimenta para todos los alumnos. Que se amplíen los cupos y montos de las partidas de Comedor y Copa de leche.

La emergencia social en que vivimos ha arrojado a miles de niños a las calles y ya no van a la escuela. Esto lo reconoce la DGE en al implementar el Plan "Todos a la escuela" sin ningún éxito en el 2003. En el 2004, el gobierno de la Provincia afirma en el Documento Base para la organización del Ciclo 2004 (pag 5 cuarto párrafo) "...que aproximadamente las tres cuartas partes de los pobres son niños y las tres cuartas partes de los niños son pobres .

A esta situación no se puede responder cerrando cursos, juntando de a 40 alumnos en espacios con menos de un metro cuadrado por alumno , como establecen las nuevas normas que aplica el cuerpo de Inspectores, tomando solo del Reglamento General de Escuelas los artículos que justifican el ajuste .

Con 25 alumnos por curso (como tope) enseñaremos y aprenderemos mucho mejor.

Sobre las Resoluciones y Convenios de Descentralización

Resoluciones 6000 y 6001

El 23 de diciembre de 2003, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires firmaron dos resoluciones (6000 y 6001) las que ponen en marcha la municipalización de la educación en la Provincia de Buenos Aires, prevista y anunciada por el Gobernador Felipe Solá en la presentación de "La Nueva Escuela", a mediados del año pasado y que implica coronar la destrucción de la escuela pública iniciada por la Ley Federal de Educación.
La Resolución 6000 señala la necesidad de "realizar ajustes en los aspectos burocráticos y descentralizar la organización del Sistema Educativo" so pretexto de agilizar las "demandas y necesidades educativas locales".
Para llevar adelante la gestión contempla el trabajo conjunto entre organismos e instituciones del Sistema Educativo Provincial, órganos municipales, y organizaciones no gubernamentales y comunitarias", abriendo la puerta a la injerencia en las políticas educativas de empresas y ONGs, es decir la privatización del sistema público educativo.
En tanto, la Resolución 6001 estipula la implementación del "Programa Inscripción Total y Control Social del Servicio Educativo" donde las UEGD serán las encargadas de la puesta en funcionamiento y organización del programa, que responde al dedillo al Plan Educativo de Solá, "Todos Aprendiendo en la Escuela".

Convenio Nº 12 de la DGEYC con los Intendentes de la Pcia. de Buenos Aires

Este convenio fue firmado el 16 de febrero y ya está rigiendo en algunos Municipios, como el de Benito Juárez, sin que haya sido homologado por el Consejo Deliberante .
Consideramos que tanto las Resoluciones 6000 y 6001 como el Convenio 12 son un avance en la descentralización, el gerenciamiento y la dependencia política de los proyectos educativos y los trabajadores de la educación del Gobierno Municipal , el Consejo escolar, las ONG, las Cooperadoras y las Empresas , trasladando los criterios "del mercado" al sistema educativo que debe ser estatal, científico, laico y de calidad.
El Ministro de Educación Filmus ante la evidencia del quiebre del sistema educativo argentino plantea la necesidad de un Proyecto Nacional de Educación. Estas medidas de descentralización van exactamente en el sentido contrario.
Solicitamos que se pronuncien contra el Convenio 12 impidiendo su homologación y aplicación . También contra las Resoluciones 6000/6001 abriendo el debate público sobre el tema.
Proponemos que desde el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar de Bahía Blanca se abra una discusión a nivel local, provincial y nacional sobre la derogación de la Ley Federal de Educación , las Leyes de Transferencia y todas las medidas y resoluciones de Descentralización, convocando a un nuevo Congreso Pedagógico para debatir de cara al pueblo que educación queremos y que presupuesto debe sustentarla.